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Este mes de diciembre, ha sido de gran importancia para aquellos consumidores que tenían suscrito un crédito hipotecario con cláusulas suelos entre sus estipulaciones.

El tribunal de justicia de la Unión Europea (asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, TJUE 21/122016) ha resuelto que la previsión de este tipo cláusulas suelos resulta lesivo y perjudicial para los intereses del consumidor.

Estas cláusulas prevén la fijación de un indicador fijo por debajo del cual, no podía situarse el tipo de interés variable dependiente de los índices de referencia tipo EURIBOR.

Esto suponía otorgar la ventaja a las entidades de crédito de beneficiarse siempre de un mínimo de intereses para los casos en los que la fluctuación de los índices oficiales hiciese descender el tipo de interés.

La inclusión de este tipo de estipulación se hacía en pliegos de condiciones generales de contratación aspecto clave para considerar posteriormente que se trata de cláusulas suelos abusivas.

Así la naturaleza no pre-negociada, la imposición unilateral y la obtención de una ventaja a una de las partes frente al desequilibrio del interés de otra, el consumidor, suponen indicadores imprescindibles para su calificación definitiva como abusiva.

El Tribunal Supremo ya en 2013, resolvió mediante STS 241/2013 de mayo de 2013 (Roj: STS 1916/2013) que este tipo de cláusulas suelos alteraban el equilibrio y la reciprocidad de intereses obligacionales entre contratantes, y que a priori su escasa transparencia no eludía un eventual control de abusividad.

En este sentido concluía que la transparencia de las cláusulas suelos era insuficiente, encontrándose esta entre una abrumadora cantidad de datos adicionales que la hacían imperceptible para el consumidor, circunstancia a la que hay que añadir que la información que se da sobre su existencia era deficiente y parca.

No informando de forma clara de las consecuencias tanto económicas como jurídicas que podían acarrear para el suscriptor.

Elementos que contrariaban los principios de redacción clara y comprensible que prevén tanto Directiva 93/13/CEE, la ley de condiciones generales de contratación y el texto refundido de la ley general de derechos del consumidor y usuarios.

Dicho tribunal declaró la nulidad de dichas cláusulas suelo y techo determinado como prevé la norma, que se consideraran por no puestas, calificación que no impide la pervivencia global del resto de estipulaciones.

Por tanto, permite la continuación del contrato de crédito hipotecario con total normalidad (art.6 Directiva 93/13/CEE y TRLGDCU).  Así,  en definitiva, la razón fundamental de su calificación era la falta de información y transparencia al consumidor.

Por último, el alto Tribunal limitó la retroactividad de la nulidad de dichas cláusulas por motivos de seguridad jurídica, surtiendo efectos solo a partir de la publicación de esta sentencia.

Es decir, que no afectaría dicha nulidad a casos con resolución judicial firme antes del 9 de mayo de 2013, así como pagos ya efectuado antes de la mencionada fecha.

Siendo solo restituibles las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad a dicha fecha.

Fue esta última consideración la que produjo determinadas inquietudes, así el Juzgado Mercantil número 1º de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante, suspendieron sus actuaciones en procedimientos atinentes a cláusulas suelo, para plantear al TJUE las cuestiones prejudiciales oportunas con referencia a la limitación de la retroactividad.

La cuestión principal , se centraba en determinar si el principio de no vinculación de las cláusulas suelos al consumidor establecido en el artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE era compatible con la limitación de la retroactividad de la sentencia del Tribunal Supremo cláusulas suelo de 9 de mayo; y también si esa limitación realizada por un tribunal nacional está autorizada por el mencionado artículo.

El artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE prevé que Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.

Este precepto viene a establecer que cualquier estipulación abusiva se tendrá por no considerada y no vinculará al consumidor; se prevé como un mecanismo de defensa para aquellas previsiones unilaterales del profesional que revistan desequilibrios en perjuicio del consumidor.

A tenor de lo expresado en la disposición de artículo 6 de la Directiva, el TJUE la califica como previsión de orden público con carácter imperativo, y que el fin material último que pretende, es el mantenimiento del equilibrio en las relaciones contractuales entre profesional y consumidor; buscando en todo momento un pronunciamiento de justicia material efectivo.

La búsqueda de esa protección resarcitoria encuentra como origen, según explica el propio tribunal, en la desigualdad de las anteriores posiciones otorgantes.

Para ello, el Tribunal hace un llamamiento para que los jueces y tribunales declaren pura y llanamente la nulidad de estas cláusulas, excluyendo su contenido del resto de estipulaciones y considerándolas como si nunca hubiesen existido para el consumidor.

cláusulas suelo y techo

Como solución lógica de esa anulación lo que prevé el Tribunal de Justicia es el resarcimiento y devolución de esos importes pagados por razón de la cláusulas suelo y techo abusiva.

Por consiguiente, cualquier limitación a la hora de resarcir los efectos de una previsión contractual perjudicial declarada nula, puede suponer la limitación del principio de no vinculación de la Directiva 93/13/CEE.

Al respecto expone que la vis expansiva del principio alcanza un grado de sustancialidad que simboliza “la protección más eficaz del consumidor”, y que la limitación en una temporalidad retroactiva supone la restricción de la esencia natural de la garantía.

El hecho de que las regulaciones nacionales sean las que determinan lo abusivo que puede llegar a ser una cláusula suelos, no debe llegar a constreñir los efectos de la reparación que conlleva el desenvolvimiento de una disposición de este tipo a lo largo de un tiempo determinado.

No siendo tampoco límite, en cuanto a la determinación de las sentencias firmes (cosa juzgada), que las regulaciones de las normas procesales estatales estén bajo competencia exclusiva de los estados; siendo legítimo que la sentencia decidiera que su pronunciamiento no afecta a litigios finalizados con fecha previa al 9 de mayo de 2013.

El problema que se plantea no es que el Tribunal Supremo establezca una regla preclusiva (no cosa juzgada antes del 9 de mayo de 2013), sino que está poniendo limitación en el tiempo a la interpretación de una norma comunitaria, actuación que queda reservada exclusivamente al Tribunal de Justicia de Unión europea.

En otros términos, el Tribunal finaliza estableciendo que tal limitación en el tiempo supone además coartar el derecho de los consumidores, utilizando las siguientes expresiones: ofreciendo una protección limitada […], siendo por tanto insuficiente e incompleta y que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE. No siendo por tanto compatible con el derecho de la Unión y obligando por tanto a los tribunales españoles a abstenerse de cumplir la limitación de la retroactividad de la sentencia del 9 de mayo de 2013.

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